El abogado Antonio Flores, que representa a los británicos estafados. | J. Martín
Una representación de más de 100 familias norirladesas, afectadas por la macroestafa inmobiliaria de Estepona relacionada con 395 apartamentos, ha presentado en los Juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, una querella por estafa y apropiación indebida contra el promotor español Ricardo Miranda Miret y los agentes inmobiliarios británicos David Charles Stewart, Robert Hohn Parkes y Colin Thomas.
El caso fue desvelado el 13 de diciembre por EL MUNDO.es y tuvo repercusión en medios de comunicación de Irlanda de Norte, que se hicieron eco del fraude. Las familias entregaron dinero a cuenta a la agencia inmobiliaria británica Ocean View Properties, entre los años 2005 y 2006.
Tal y como ha informado este jueves en rueda de prensa el abogado Antonio Flores, responsable del bufete marbellí Lawbird, hay 90 afectados que él representa, 68 de los cuales están directamente vinculados a la estafa de Estepona, cifrada en 4,5 millones de euros. No obstante el fraude se extiende a la República Dominicana y Marruecos.
Flores sostiene que hay “cerca de 1.000 afectados” entre los tres países citados. Cada uno de estos perjudicados depositó una media de “entre 70 y 80.000 euros” para la señal de las viviendas, que nunca llegaron a construirse y se vendieron sobre plano. Algunos de los querellados invirtieron por familia entre uno y dos millones de euros, a modo de depósito.
El letrado ha concretado que la cantidad total estafada “estaría entre 70 y 80 millones de euros” entre la promoción de Estepona, así como las viviendas del país caribeño y Marruecos.
En la querella, de 51 folios de extensión, a la que ha tenido acceso EL MUNDO.es se solicita, como medida cautelar, que los afectados puedan recuperar los depósitos abonados, además de una compensación por los daños morales padecidos.
Flores ha concretado ante los periodistas que su bufete marbellí pide que “se congelen 7,8 millones de euros de fondos de los cuatro querellados”, así como que depositen fianzas. “En caso contrario pediríamos medidas privativas de libertad”, en alusión a la prisión preventiva.
Entre las pruebas solicitadas por los querellantes destaca la petición para que declare como testigo el príncipe Alberto de Mónaco, que supuestamente “recibió un pago” del promotor Ricardo Miranda, según Flores, para poner la primera piedra de un proyecto fantasma en la Repúbica Dominicana. De hecho, la declaración testifical del presidente de dicho país caribeño, Leonel Fernández, también ha sido pedida.
En el caso de la operación de Estepona el promotor Miranda ni siquiera era propietario de los suelos y tampoco tenía licencia alguna otorgada por el Ayuntamiento de Estepona. El querellado pagó 200.000 euros de señal de un total de 18 millones de euros al propietario esteponero del solar. Se trata de una parcela que continúa siendo suelo rústico, según Antonio Flores, y que no se ha desarrollado.
Miranda se anunciaba en la prensa dominicana, años atrás, como el artífice de haber construido 8.000 viviendas en la Costa del Sol algo que el letrado Flores califica de “absolutamente falso” porque -ha acotado- “no ha llegado a construir ninguna”.