Cerca de un centenar de familias británicas han presentado una querella contra un promotor español y tres ex directivos de una agencia de Reino Unido como presuntos autores de los delitos de estafa y apropiación indebida por la venta sobre plano de 395 viviendas en Estepona que jamás se construyeron. La denuncia ha sido presentada en un juzgado de Madrid por el despacho de abogados Lawbird, con sede en Marbella, que representa a más de 90 demandantes, 68 de los cuales abonaron más de 4,5 millones de euros para adquirir una segunda residencia en la Costa del Sol, aunque el supuesto fraude se extiende también a otras promociones inmobiliarias en la República Dominicana y Marruecos, según ha explicado hoy el letrado Antonio Flores.
El número real de afectados entre los tres casos podría alcanzar el millar, según ha apuntado el abogado, que ha señalado que en la querella se solicita como medida cautelar que los demandados, el promotor Francisco Miranda y tres ex agentes de la inmobiliaria Ocean Wiew Properties, depositen una cuantía de 7,8 millones de euros que permita a los perjudicados recuperar el dinero que abonaron en su día y ser compensados por los daños morales. Flores ha afirmado que las familias afectadas por la supuesta estafa en España, todas extranjeras y en su mayoría de Irlanda del Norte, entregaron una media de entre 70.000 y 80.000 euros para adquirir una vivienda en el complejo Estepona & Country Club. Algunos de los denunciantes llegaron a invertir hasta un millón de euros, según ha destacado el letrado.
Los inmuebles nunca llegaron a edificarse, entre otras razones, porque la promotora carecía de licencia de construcción en una parcela cuyo suelo está calificado como suelo rústico. Además, Miranda no formalizó la adquisición de lo terrenos y solo abonó una señal de 200.000 euros de los 18 millones en los que se había firmado la compra del solar a una familia de Estepona, según resaltó el letrado que representa a los demandantes. En el caso de la República Dominicana, la primera piedra del complejo turístico ubicado en Punta Cana, en el que se proyecta la construcción de 8.000 residencias de lujo, estuvo apadrinada por el presidente del país, Leonel Fernández, y el príncipe Alberto de Mónaco. En la querella, el despacho de abogados marbellí han solicitado la declaración testifical de ambos dirigentes.