Una veintena de británicos residentes en la costa malagueña y valenciana se han querellado contra una decena de bancos extranjeros. Los litigantes se declaran víctimas de una estafa financiera e inmobiliaria. La mayoría de estas entidades, buena parte escandinavas, nunca tuvieron oficina en España pero operaron entre 2004 y 2009 en el país.
Les ofrecieron seguridad económica para sus descendientes, pese a no contar con ahorros. La estrategia consistía en convencerles de que la Agencia Tributaria cobraría unos elevados impuestos a sus hijos y nietos para poder heredar los bienes que mantenían fuera de su país, en este caso su vivienda.
Seguidamente, les invitaban a hipotecarla por la totalidad de su valor, tasado para la ocasión al alza. El banco ofrecía un préstamo hipotecario e invertía los fondos en un paraíso fiscal, en este caso en Luxemburgo, explicó ayer Antonio Flores, abogado de los afectados, representados por el despacho Lawbird, que tiene su sede en Marbella.
Fraude fiscal
«La trama estaba invitando, siempre a pensionistas británicos, a defraudar a Hacienda», señaló Flores, quien calcula que el número de víctimas puede rondar las 800 y las cantidades estafadas superan los 250 millones de euros. «De ellos, la presunta defraudación a Hacienda rondaría el 20%, entre los 50 y los 75 millones de euros», indicó.
La querella, presentada ante la Audiencia Nacional, acusa a las entidades bancarias de ser supuestas autoras de los delitos de estafa, publicidad engañosa, falsedad en documento público, delito continuado contra la Hacienda Pública e incluso acoso inmobiliario.
Puede haber un total de 17 responsables bancarios, además de agentes inmobiliarios, implicados en esta presunta trama. Todos ellos estaban advertidos por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, aseguró el letrado. Esto significa que eran conscientes de que el producto que ofertaban no era legal.
Los afectados han constituido una asociación para reclamar sus derechos. En la querella presentada y pendiente ahora de ser admitida a trámite, lo que piden es que se declaren nulos los contratos de los préstamos hipotecarios que firmaron, ante notario, para que no se ejecuten.
Las víctimas han llegado a perder, no sólo su vivienda, sino hasta el 80% del dinero calculado por el valor de la misma. «Porque además de estafadores, eran pésimos inversores», destacó Flores ayer.