El proceso judicial en contra del promotor y la agencia inmobiliaria acusados de estafar a un centenar de británicos en la Costa del Sol sigue adelante y los querellantes amenazan con llegar hasta las últimas consecuencias. Sus letrados han solicitado la comparecencia ante los magistrados que instruyen el caso de los responsables de la agencia inmobiliaria que les vendió unos pisos de lujo que nunca llegaron a construirse.
El promotor imputado, administrador de Sun Golf, Ricardo Mirando, declaró el pasado diciembre. Aseguró no haber mantenido ningún contacto con sus clientes «ni físicamente ni por escrito» y que efectuó la devolución del dinero a la inmobiliaria implicada, Ocean View Properties, en función de su comparecencia judicial, a la que ha tenido acceso La Opinión. «Tendrá que probarlo porque aún no ha presentado ni un solo documento», criticó Antonio Flores, el titular de Lawbird, el despacho de abogados marbellí que representa a los litigantes. «Ahora hemos pedido la declaración de la inmobiliaria británica para que demuestren si han recibido o no el dinero», añadió.
70.000 euros de entrada
Los afectados personados en la querella suman 90 aunque, según los cálculos de Flores, los reales pueden superar los 600, ya que ambas empresas se aliaron para construir y promocionar distintos complejos residenciales en la Costa del Sol, en Marruecos y en la República Dominicana. Los 90 querellantes aseguran haber pagado 4,5 millones de euros por una vivienda que se quedó en el plano. Una media de 70.000 euros por cada afectado.
«Sólo en Estepona se vendieron 395 viviendas», indicó. La promoción de Estepona se situaba en la zona conocida como Arroyo Vaquero y sobre la que se asiente, tal cual el solar donde iban a levantarse los inmuebles vendidos.
Están acusados de apropiación indebida y de estafa en un pleito iniciado en 2011 y que llevan los juzgados madrileños.
Según Miranda, todos los contratos que se realizaron con los compradores los hizo la inmobiliaria y no su promotora. Con ella, reconoce haber llegado a un acuerdo de prestación de servicios para que se construyera las viviendas de Estepona y que «al final de toda la promoción tendría un margen de beneficios del 8%», en virtud de su declaración.
Los hechos se remontan a 2006. La agencia Ocean View Properties alcanzó un acuerdo con comercialización con la promotora que administra Miranda. La primera se comprometía a captar clientes británicos para invertir en los pisos y la segunda se encargaba de construir los inmuebles. Finalmente, la obra ni siquiera llegó a iniciarse.
Una promoción invisible con futuros residentes pero sin casas
El origen de la supuesta estafa se encuentra hace seis años. Entonces, las presuntas víctimas compraron sobre el plano unidades de una promoción que resultó ser «fantasma», de acuerdo con el propio letrado que lleva el caso, el abogado Antonio Flores, titular del bufete con sede en Marbella Lawbird. En la actualidad y pese a que aseguran haber pagado, «no tienen nada, ni promoción, ni dinero y los presuntos responsables aseguran no tener nada que ver con el asunto», indicó el propio letrado. El asunto es grave, en opinión de Flores, ya que los acusados percibieron los depósitos de sus propios clientes sin llegar a suscribir los contratos de compraventa ni a entregar los avales bancarios, tal como obliga la legislación vigente, según explicó. Con estos antecedentes, las intenciones del promotor acusado de este posible fraude inmobiliario, Ricardo Miranda, «no podían ser más sospechosas», en su opinión.
Nunca llegó a ser propietario de los terrenos donde se levantaría la promoción en Estepona. Apenas pagó a su dueño 200.000 euros de los 18 millones comprometidos. El solar sigue calificado urbanísticamente como suelo rústico, indicó Flores. En su declaración ante el juez, Miranda asegura haber devuelto el dinero a la agencia inmobiliaria y se desmarcó de las acusaciones que los querellantes vierten contra él. «No he mantenido relación con ellos ni física ni por escrito», dijo. Flores cree que parte dinero entregado por los compradores fue utilizado por el promotor para adquirir una parcela en República Dominicana. Un solar que, paradójicamente, pertenecía a dos implicados en la operación ´Malaya´. Uno de ellos, el acusado por cohecho y fugado Andrés Liétor.
