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April 12th, 2011

Santa Ana del Monte / Herrada del Tollo S.L. Court CasWe took some chances and it worked out. A claim filed against the guarantor of the Herrada del Tollo S.L., developer for Santa Ana del Monte (and who we jumped over since they’d filed for voluntary insolvency), has been resolved favourable for the claimant. From a procedural point of view, it is an interesting case for it was not heard given that, legally speaking, the issues at stake were purely juridical and therefore, no evidence was to be proposed for admittance. In other words, there was no evidence of probative value in dispute and consequently, the pre-trial was enough to fix the object of the case and conclude that there was no possible settlement.

The defendant, “Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunidad Valenciana (SGR)”, an insurance company of uncertain purpose, had given a guarantee to cover deposits worth €6,500,000, on behalf of Herrada del Tollo S.L. They did not, however, offer individual policies or guarantee documents to each individual and so, tried to negate the validity of the document under this pretext. The Court contended that not having an individual policy was not tantamount to losing the cover and falling by the wayside, given that the inalienable rights dispensed under Law 57/1968 are of a consumer-protection nature, but furthermore the ruling establishes that it was the intention of the insurer, when entering into a contract with the developer, to guarantee the down payments.Secondly, they opposed that the sums were not paid into the special account the law envisages and also, that the policy was capped to a certain sum. According to the judge, private agreements between the developer and the insurer cannot affect the privileged immunity the consumer has, in relation to Law 57/1968. The judge ruled that the defendant must pay back €60,000 plus interest, calculated as from the time the developer took the deposit.

Documents

February 18th, 2011
PRINCESA SÁNCHEZ

La Costa del Sol vuelve a ser escenario de un presunto caso de fraude inmobiliario. Un total de 68 ciudadanos británicos e irlandeses se han querellado contra un promotor español y otros tres agentes inmobiliarios británicos. Les acusan de apropiación indebida y estafa al cobrarles para adquirir viviendas en Estepona que nunca llegaron a construirse.

El número de afectados es muy superior, detalló ayer Antonio Flores, el abogado titular del despacho marbellí Lawbird, que les representa. Actualmente son 120 y, para finales de año, podrían ser 250, según sus cálculos. «Se van poniendo en contacto con nosotros poco a poco», explicó. Por el momento, un total de 90 están personados en la querella que hace apenas dos semanas fue presentada en los juzgados madrileños.

Los 68 mencionados llegaron a pagar en total 4,5 millones de euros, una media de 70.000 euros cada uno, para comprar uno de los 395 inmuebles que el promotor querellado, Ricardo Miranda, anunció edificar en Estepona. Los demás perjudicados hicieron desembolsos similares para adquirir una de las 8.000 viviendas que Miranda construiría en República Dominicana o de las 100 publicitadas en Marruecos.

Promoción «fantasma»
Hace cinco años, los supuestos estafados compraron sobre el plano unidades de una promoción que resultó ser «fantasma», de acuerdo con el propio letrado que lleva el caso. A día de hoy, «no tienen nada, ni promoción, ni dinero y los presuntos responsables aseguran no tener nada que ver con el asunto», añadió.
Los acusados percibieron los depósitos sin llegar a suscribir los contratos de compraventa ni a entregar los avales bancarios, tal como obliga la ley, añadió Flores.

La intencionalidad del promotor no podía ser más sospechosa, en su opinión. De hecho, nunca llegó a ser propietario de los terrenos donde se levantaría la promoción en Estepona. Apenas pagó a su dueño 200.000 euros de los 18 millones comprometidos. El solar, calificado urbanísticamente como suelo rústico, se ubica en Arroyo Vaquero.

Flores cree que parte dinero entregado por los compradores fue utilizado por el promotor para adquirir una parcela en República Dominicana. Un solar que, curiosamente, pertenecía a dos implicados en la operación «Malaya». Uno de ellos, Andrés Liétor, acusado por cohecho.

February 18th, 2011
Story by JUANA VIÚDEZ | El Pais

La puesta en escena lo era todo. Grandes urbanizaciones en retiros excepcionales, como la Costa del Sol, República Dominicana y Marruecos, con padrinos como el Príncipe Alberto de Mónaco y actos promocionales en los que no se escatimaba en lujos. Todo para captar clientes, sobre todo británicos, dispuestos a entregar grandes sumas por adelantado y que solo han visto sus viviendas sobre plano.

El juzgado de instrucción número 16 de Madrid investiga desde el pasado 9 de febrero una querella por estafa y apropiación indebida contra el promotor Ricardo Miranda y la comercializadora Ocean View Properties. 68 compradores les acusan de cobrar sumas millonarias por viviendas de tres promociones que nunca llegaron a construirse. 43 de ellos pagaron 4,2 millones de euros entre 2005 y 2006 por unos apartamentos en Estepona para los que, según la querella, el promotor no tenía la propiedad del terreno, ni llegó a solicitar licencia de obra.

El despacho marbellí Lawbird, representante de los afectados, tiene previsto ampliar la querella. Según sus cálculos, el número total de perjudicados ronda los 120. Los querellantes han pedido al juzgado que imponga a Miranda y las empresas denunciadas una fianza de responsabilidad civil de 8,9 millones de euros, cifra que incluye lo presuntamente estafado, los daños morales y las costas judiciales.

“Todo comenzó a través de los foros de Internet”, explicaba ayer Antonio Flores, letrado de la firma. Cada uno de los afectados, principalmente británicos e irlandeses, exponía su caso, para el que les pedían consejo legal, y se les ocurrió proponer una acción común. “Muchos invirtieron los ahorros de toda una vida pensando en retirarse en la Costa del Sol, los hay que sacaron préstamos hipotecarios que todavía están pagando”, detalla Flores. La entrega media oscilaba entre los 70.000 y 100.000 euros, aunque algunos aportaron hasta un millón de euros por varias propiedades. El bufete se ha reunido con representantes del gobierno de Irlanda del Norte, que estudian personarse en el caso.

Según la querella, la inmobiliaria Ocean View Properties se encargaba de la comercialización de las promociones y les daba a firmar a los clientes un contrato tipo, en el que nunca aparecía la firma del promotor. Los afectados mantienen que el departamento jurídico de Ricardo Miranda les ha asegurado que nunca llegaron a recibir los pagos y que, en caso de recibirlos, los devolvieron. Este periódico intentó sin éxito ponerse en contacto con el empresario y la inmobiliaria.

“Se ha utilizado un sistema claramente piramidal”, detalla el letrado Flores. “Miranda jugaba con varias promociones e iba moviendo el dinero”.

Las promociones que ofertaban se llamaban Estepona Beach & Country Club, Punta Perla Marina ( en República Dominicana) y Tafedna Bay (Marruecos). Los denunciantes acusan al promotor de transferir el dinero que recibió por la promoción de la Costa del Sol a sociedades que tenía en la República Dominicana.

El comienzo de las obras del complejo Punta Perla tuvo un amplio seguimiento mediático. Asistió el presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, y el Príncipe Alberto de Mónaco, que se fotografiaron con el empresario. La promoción entera, en la que se preveía la construcción de 8.500 apartamentos, varios campos de golf y varios hoteles de lujo, está paralizada desde hace años.

Ricardo Miranda tiene un contencioso por estafa en República Dominicana acusado por el empresario Andrés Liétor Martínez, uno de los procesados en el caso Malaya. En una carta remitida en enero de 2009 a Diariodigital, periódico digital de República Dominicana, Liétor aseguraba que los terrenos sobre los que pretendía desarrollar la urbanización Punta Perla, valorados en 240 millones de euros, son en realidad suyos porque Miranda nunca los pagó. Según Liétor, la sociedad dueña es Paraíso Tropical S. A., de la que él es accionista.

February 18th, 2011
Dominican Today

Santo Domingo.- Nearly 100 English and Irish families want president Leonel Fernandez and Monaco’s prince Albert to testify in a case of alleged real estate “macrofraud” in Spain.

The plaintiffs say one Spanish and three British promoters scammed them out of more than 4.5 million euros in bogus real estate projects in Dominican Republic, Morocco and Malaga, Spain.

The lawsuit filed by the Marbella law firm Lawbird, representing the families, requests the testimony of the Dominican chief executive and the Prince of Monaco, for “lending their image” to the real estate promoter Ricardo Miranda for projects which never materialized, including the construction of as many as 8,000 houses.

The Lawbird lawyers have also requested the testimony of the developer Andres Lietor, one of the main defendants in the case ‘Malaya,’ who along with Carlos Sanchez have another lawsuit pending against Miranda for alleged fraud. According to court documents, Liétor and Sanchez owned the site for the houses to be built in Dominican Republic.

Although the Spanish press didn’t specify the land’s location Fernandez had accompanied Alberto for the December 2008 groundbreaking for the tourism real estate project Punta Perla Caribbean Golf, Marina & Resort, to be built at a cost of 2.5 billion dollars in the east coast community, Cabeza de Toro.

The Spanish press did specify that each plaintiff deposited as much as 80,000 Euros for the down payment on the houses.

Speaking in the event, Fernandez said the project, which began with three others in the area, entailed a total investment of more than de 5.0 billion dollars.

February 17th, 2011
Story by HUGO SIMÓN | Diario Sur
Cerca de un centenar de familias británicas han presentado una querella contra un promotor español y tres ex directivos de una agencia de Reino Unido como presuntos autores de los delitos de estafa y apropiación indebida por la venta sobre plano de 395 viviendas en Estepona que jamás se construyeron. La denuncia ha sido presentada en un juzgado de Madrid por el despacho de abogados Lawbird, con sede en Marbella, que representa a más de 90 demandantes, 68 de los cuales abonaron más de 4,5 millones de euros para adquirir una segunda residencia en la Costa del Sol, aunque el supuesto fraude se extiende también a otras promociones inmobiliarias en la República Dominicana y Marruecos, según ha explicado hoy el letrado Antonio Flores.
El número real de afectados entre los tres casos podría alcanzar el millar, según ha apuntado el abogado, que ha señalado que en la querella se solicita como medida cautelar que los demandados, el promotor Francisco Miranda y tres ex agentes de la inmobiliaria Ocean Wiew Properties, depositen una cuantía de 7,8 millones de euros que permita a los perjudicados recuperar el dinero que abonaron en su día y ser compensados por los daños morales. Flores ha afirmado que las familias afectadas por la supuesta estafa en España, todas extranjeras y en su mayoría de Irlanda del Norte, entregaron una media de entre 70.000 y 80.000 euros para adquirir una vivienda en el complejo Estepona & Country Club. Algunos de los denunciantes llegaron a invertir hasta un millón de euros, según ha destacado el letrado.
Los inmuebles nunca llegaron a edificarse, entre otras razones, porque la promotora carecía de licencia de construcción en una parcela cuyo suelo está calificado como suelo rústico. Además, Miranda no formalizó la adquisición de lo terrenos y solo abonó una señal de 200.000 euros de los 18 millones en los que se había firmado la compra del solar a una familia de Estepona, según resaltó el letrado que representa a los demandantes. En el caso de la República Dominicana, la primera piedra del complejo turístico ubicado en Punta Cana, en el que se proyecta la construcción de 8.000 residencias de lujo, estuvo apadrinada por el presidente del país, Leonel Fernández, y el príncipe Alberto de Mónaco. En la querella, el despacho de abogados marbellí han solicitado la declaración testifical de ambos dirigentes.
February 17th, 2011
Story by José Carlos Villanueva | El Mundo

El abogado Antonio Flores, que representa a los británicos estafados. | J. Martín

El abogado Antonio Flores, que representa a los británicos estafados. | J. Martín

Una representación de más de 100 familias norirladesas, afectadas por la macroestafa inmobiliaria de Estepona relacionada con 395 apartamentos, ha presentado en los Juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, una querella por estafa y apropiación indebida contra el promotor español Ricardo Miranda Miret y los agentes inmobiliarios británicos David Charles Stewart, Robert Hohn Parkes y Colin Thomas.

El caso fue desvelado el 13 de diciembre por EL MUNDO.es y tuvo repercusión en medios de comunicación de Irlanda de Norte, que se hicieron eco del fraude. Las familias entregaron dinero a cuenta a la agencia inmobiliaria británica Ocean View Properties, entre los años 2005 y 2006.

Tal y como ha informado este jueves en rueda de prensa el abogado Antonio Flores, responsable del bufete marbellí Lawbird, hay 90 afectados que él representa, 68 de los cuales están directamente vinculados a la estafa de Estepona, cifrada en 4,5 millones de euros. No obstante el fraude se extiende a la República Dominicana y Marruecos.

Flores sostiene que hay “cerca de 1.000 afectados” entre los tres países citados. Cada uno de estos perjudicados depositó una media de “entre 70 y 80.000 euros” para la señal de las viviendas, que nunca llegaron a construirse y se vendieron sobre plano. Algunos de los querellados invirtieron por familia entre uno y dos millones de euros, a modo de depósito.

El letrado ha concretado que la cantidad total estafada “estaría entre 70 y 80 millones de euros” entre la promoción de Estepona, así como las viviendas del país caribeño y Marruecos.

En la querella, de 51 folios de extensión, a la que ha tenido acceso EL MUNDO.es se solicita, como medida cautelar, que los afectados puedan recuperar los depósitos abonados, además de una compensación por los daños morales padecidos.

Flores ha concretado ante los periodistas que su bufete marbellí pide que “se congelen 7,8 millones de euros de fondos de los cuatro querellados”, así como que depositen fianzas. “En caso contrario pediríamos medidas privativas de libertad”, en alusión a la prisión preventiva.

Entre las pruebas solicitadas por los querellantes destaca la petición para que declare como testigo el príncipe Alberto de Mónaco, que supuestamente “recibió un pago” del promotor Ricardo Miranda, según Flores, para poner la primera piedra de un proyecto fantasma en la Repúbica Dominicana. De hecho, la declaración testifical del presidente de dicho país caribeño, Leonel Fernández, también ha sido pedida.

En el caso de la operación de Estepona el promotor Miranda ni siquiera era propietario de los suelos y tampoco tenía licencia alguna otorgada por el Ayuntamiento de Estepona. El querellado pagó 200.000 euros de señal de un total de 18 millones de euros al propietario esteponero del solar. Se trata de una parcela que continúa siendo suelo rústico, según Antonio Flores, y que no se ha desarrollado.

Miranda se anunciaba en la prensa dominicana, años atrás, como el artífice de haber construido 8.000 viviendas en la Costa del Sol algo que el letrado Flores califica de “absolutamente falso” porque -ha acotado- “no ha llegado a construir ninguna”.

February 17th, 2011
Typically Spanish

The case of dozens of British purchasers affected by an alleged real estate fraud in Estepona has now reached the courts, in a suit presented on their behalf by the Marbella law firm, Lawbird.

The suit for fraud and misappropriation was presented at the courts in Madrid this Thursday against the Spanish promoter, Ricardo Miranda Miret, and three British real estate agents who El Mundo newspaper names as David Charles Stewart, Robert John Parkes and Colin Thomas. Lawbird has, in addition, asked the court to freeze funds amounting to 7.8 million €.

The victims, from Northern Ireland, paid off plan deposits for luxury apartments in Estepona which were never built. The money was paid to the British real estate company, Ocean View Properties, between 2005 and 2006.

El Mundo gives the amount defrauded as 4.5 million € and reports that the promoter had no licence from Estepona Town Hall and did not even own the land where the properties should have been built. The paper indicates that he only ever paid a deposit of 200,000 € towards the 18 million € which had been agreed for the sale. It’s understood that the land is classified as rustic and, today, remains undeveloped.

Antonio Flores from Lawbird said in a press conference on Thursday that 68 of the 90 victims he represents are directly linked to the Estepona case, but there are similar frauds in the Dominican Republic and Morocco which bring the total number affected up to close to 1,000. The victims each paid an average of between 70,000 and 80,000 € for their deposit, which puts the total amount allegedly defrauded in the three countries at between 70 and 80 million €.

The suit calls for Prince Albert of Monaco and the President of the Dominican Republic, Leonel Fernández, to both to be called as witnesses, in connection with the fraud in the Dominican Republic. Antonio Flores claims Prince Albert received a payment from Ricardo Miranda to lay the first stone of the project there.

February 16th, 2011
El Mundo
  • La acusación cree que parte del dinero se ha invertido en la Rep. Dominicana
  • Implica a Alberto de Mónaco por apoyar al promotor para atraer inversores
  • “Hay personas que pagaron entre 70.000 y 80.000 euros”. Otros hasta un millón

Casi un centenar de familias irlandesas e inglesas han interpuesto una querella por una presunta estafa y apropiación indebida relacionada con la construcción de 350 apartamentos en la zona de Arroyo Vaquero, en Estepona (Málaga), que finalmente no se ejecutó.

Piden la declaración testifical del príncipe Alberto de Mónaco para conocer su grado de implicación

Los hechos se remontan a 2006, cuando la agencia inmobiliaria Ocean View Properties alcanzó un acuerdo de comercialización con la promotora Sun Golf Desarrollos Inmobiliarios SL por el que la primera se comprometía a captar a ahorradores británicos para invertir en esta promoción y la segunda se encargaba de construir los inmuebles.

Sin embargo, cinco años después “no hay ni promoción, ni dinero” y el promotor, Ricardo Miranda, se ha desentendido, según el abogado Antonio Flores.

Presentada en Madrid

Cinco años después, “no hay ni promoción, ni dinero” y el promotor, Ricardo Miranda, se ha desentendido, dice el abogado

La denuncia ha sido presentada en los juzgados de Madrid, debido a que uno de los querellados tiene su residencia en la capital de España.

Según Flores, se han captado, “probablemente, en torno a treinta millones de euros”, de los que más de nueve millones y medio corresponderían a las familias que defiende este abogado, a través de Lawbird.com, especializada en fraudes y estafas en la Costa del Sol.

“Hay personas que pagaron entre 70.000 y 80.000 euros y hay dos inversores que pagaron un millón de euros cada uno”, ha añadido el letrado.

Para el abogado, los hechos de la querella “son sangrantes”, ya que el promotor “nunca compró la parcela, no tenía avales bancarios, ni había licencia de obras porque nunca la solicitó”, por lo que “es una operación fantasma”.

Los hechos “son sangrantes”, ya que el promotor “nunca compró la parcela, no tenía avales bancarios, ni había licencia de obra”, añade

En República Dominicana

Este letrado cree que parte de la cantidad entregada por los inversores está en la República Dominicana, ya que “aquí también se perpetró presuntamente otra estafa relacionada con una promoción inmobiliaria similar a la de Estepona”.

En este sentido, el abogado ha pedido la declaración testifical del príncipeAlberto de Mónaco para conocer su grado de implicación en el proyecto de la República Dominicana, ya que apoyó al promotor y prestó su imagen para atraer a más inversores.

February 15th, 2011
Story by ROB SMYTH | Burton Mail

online newsColin Thomas, of Town Hill, Yoxall, is currently being investigated by Staffordshire Police and is also facing legal action from the Insolvency Service following the collapse of his company Ocean View Properties.

Speaking through a spokesman, he said: “In representing Mr Thomas we can say that he has always been happy and willing to assist in all actions that are being taken against developer Ricardo Miranda.

“This is obviously coupled by helping with Antonio Flores (the Spanish prosecuting lawyer from Marbella-based firm Lawbird) and the action that he is taking on behalf of investors. Mr Thomas would also like to say that he has always assisted all authorities in the UK who have asked for any information.

“The sooner the truth is out — about the actions of Ricardo Miranda in Spain, the Dominican Republic and Morocco through the actions of lawyers currently suing Ricardo Miranda on behalf of investors who have lost money paid to him — the better.”

Mr Thomas issued this response after the Mail revealed that the businessman was under investigation by the Government and the police.

His company, whose founders included a convicted fraudster, used the likes of England footballer Gareth Barry and television property expert Martin Roberts to sell luxury apartments in Spain.

It took deposits worth around £80,000 each from British investors, but much of the cash disappeared and the homes failed to materialise.

Ocean View was placed into compulsory liquidation at the request of accountants Grant Thornton in 2009.

A spokesman for Staffordshire Police said: “Following the collapse and liquidation of Ocean View Properties International Ltd, Staffordshire Police is in receipt of a number of complaints alleging fraud against the company.

“Staffordshire Police is currently considering the most appropriate way forward.”

The Insolvency Service is understood to be about to launch disqualification proceedings against Mr Thomas and other bosses of Ocean View Properties.

In a separate but related development, a class action lawsuit to recover money on behalf of dozens of Ocean View victims was filed by a Spanish lawyer in Madrid on Friday.

February 14th, 2011
Burton Mail
Punta Perla, Dominican Republic

Punta Perla, Dominican Republic

OCEAN View Properties was founded by buy-to-let tycoon Colin Thomas in 2001.

He is now facing criminal charges in Spain for fraud and misappropriation of funds in relation to alleged irregularities with his overseas property investment company.

He marketed the properties using celebrities while his then friend, convicted conman Sean Woodhall, searched for development opportunities on the Costa del Sol.

Ocean View was behind a number of successful enterprises but ran into difficulties when it became involved as an agent for Spanish developer Ricardo Miranda Miret.

More than a thousand British investors who paid £45 million for off-plan overseas property developments have lost their money after Ocean View was formally dissolved in 2009 with the appointment of liquidators Grant Thornton.

The purchasers each paid deposits, typically of between £85,000 and £120,000, four years ago for properties in Spain and the Dominican Republic, which were either never built or said to be sub-standard.

Some are alleged to have lost much more.

Two investors sank almost a million pounds each into schemes run by Miranda Miret, one being a 350 luxury apartment build at the Estepona Country Club on the Costa del Sol, the other marketed as a prestigious 6,000-property development, Punta Perla, in the Dominican Republic.

When the sector collapsed amid corruption scandals in the Estepona region, the venture started to fail. Thomas and Woodhall had turned their attention to the Caribbean development of Punta Perla in the Dominican Republic.

Woodhall, 43, went missing after his light aircraft crashed over Brazil in 2008 and, while his body has never been recovered, he has been declared dead.

Nick Wood, partner at Grant Thornton’s Recovery and Reorganisation practice, said: “We are investigating what happened to monies paid by investors. There is a black hole amounting to millions of pounds.

“We are looking to identify any claims which can be instigated to recover monies for creditors.

“Our investigation is focusing on Ocean View’s operations in the UK and overseas jurisdictions including Spain.”

Ocean View, which operated as a franchise throughout the UK, had an office at the historic country mansion of Longdon Hall in Rugeley.

Colin Thomas owns a luxury home at Town Hill in Yoxall, where he lives with his partner, Michelle de Havilland.

Both Thomas and Ms de Havilland are Friday night regulars at The Meynell Ingram Arms in Hoar Cross, where they helped to set up the charity madcap Hoar Cross Downhill Soapbox race.

Thomas and the former directors, or considered de facto directors, of Ocean View, which include David Stewart and Robert Parkes, were named in the criminal claim lodged in a Madrid court on February 4.

Those in charge of running Ocean View and Spanish developer Miranda Miret have previously strongly denied any wrongdoing.

Antonio Flores, the Spanish prosecuting lawyer from Marbella-based firm Lawbird, said: “I don’t believe Ocean View knew nothing about what was going on.

But they will be forced to talk in court.

“This was a scam of huge proportions. It has the potential of becoming one of the biggest property scams, as none of the developments will be built.”

Several celebrities were involved in the marketing of the company, but there are no suggestions of wrongdoing against any of them.

They included Martin Roberts, presenter of the BBC’s Homes Under the Hammer property programme.

He claims the company owes him and his partner around £200,000.

England international footballers Gareth Barry and Alan Smith also bought properties successfully from Ocean View.