El juzgado de Primera Instancia número 11 de Bilbao ha declarado la nulidad radical de doce hipotecas inversas que se concedieron a familias británicas radicadas en la provincia de Málaga entre 2004 y 2007, por un importe de seis millones de euros.
Este juzgado conoció del asunto al haberse firmado en una notaría de Bilbao todos los contratos y estar allí domiciliados los representantes del banco, ha informado el bufete de abogados Lawbird Legal Services en un comunicado.
Dichos préstamos se vendían con la finalidad de evitar el Impuesto de Sucesiones toda vez que, supuestamente, la hipoteca debía reducir el valor de la vivienda y, por otro lado, el resultado de la inversión del préstamo complementaría los ingresos que recibían a las limitadas pensiones.
La prestamista, SL Mortgage Funding nº1 Limited (SLMF), radicada en Chester (Cheshire, Reino Unido), no había obtenido la pertinente autorización para captar fondos reembolsables del público y prestar servicios de inversión, actividades reservadas y reguladas por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
A pesar de ello, la citada entidad prestaba, pero captaba el importe del préstamo posteriormente y lo invertía en fondos seleccionados previamente por ella misma.
La sentencia declara probado que “esta forma de actuar infringiendo los controles de las autoridades competentes para comercializar en España el producto litigioso va más allá de un mero incumplimiento de determinados deberes, como el de información, profusamente tratado en los últimos tiempos en relación a la comercialización de productos complejos”.
Según la titular de dicho juzgado, la infracción en este caso es mayor, pues supone una burla a todo un sistema destinado no sólo a la protección del consumidor, sino a la propia estabilidad del sistema financiero, pudiendo incluso tener encaje en el denominado “fraude civil”, consistente en todo caso contrario directamente a la norma imperativa o prohibitiva.
La venta se realizó a través de empresas comercializadoras (Hamilton Financial Services, Henry Woods Investment Management y otras) de Estepona, Marbella y Fuengirola, que trabajaban a comisión colocando el producto mediante técnicas activas de captación de clientes.
También participaban una serie de letrados igualmente propuestos por SLMF que creaban una apariencia de seriedad que daba lugar a que se relativizase el alcance de la falta de control administrativo de las entidades y del propio producto, señala el comunicado.
Según Lawbird Legal Services, encargado de la representación letrada de los clientes, la sentencia supone “la confirmación de que operar al margen de la legalidad en materia bancaria y de inversiones convierte a la infractora en un chiringuito financiero, aunque se trate de una entidad legal en su país, y permite liberar a las víctimas de una pesadilla que duraba cerca de diez años”.
La jueza entiende que la nulidad debe extenderse a todos los contratos suscritos por los clientes con el banco y aplica de forma novedosa esa nulidad en su versión más beneficiosa para la demandante (y gravosa para la condenada), al poder reclamar lo que hubiera dado sin obligación de cumplir lo que hubiera ofrecido.
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Alicante, 7 nov (EFE).- El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Alicante ha condenado al Banco Popular a devolver unos dos millones de euros a más de 60 británicos que invirtieron en viviendas sobre plano en un proyecto urbanístico en Fortuna y que nunca se terminaron.
Según la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, los demandantes, todos ellos del Reino Unido, tienen en común el haber adquirido distintas viviendas del residencial Fortuna Golf, promovido por la mercantil Promociones Eurohouse 2010, S.L., que se encuentra declarada en concurso voluntario de acreedores desde marzo de 2010.
La sentencia indica que como suele ocurrir en este tipo de contratos, “los compradores entregaron distintas cantidades a cuenta del precio final” y llegado el día pactado para la entrega de las viviendas -28 de febrero de 2008- éstas no se encontraban debidamente acabadas, lo que determinó la resolución de los contratos de compraventa”.
Los demandantes pedían la condena solidaria del Banco Popular, por ser la entidad que tenía suscrita con Promociones Eurohouse 2010, S.L, una línea de avales destinada a garantizar la restitución de las sumas percibidas.
También reclamaban a Caja Rural Central por ser la entidad en la que se ingresaban las cantidades satisfechas por los compradores; y al Banco Santander por haber financiado a la promotora y haber constituido una hipoteca sobre la totalidad de la finca en la que se iban a construir las viviendas.
La acusación, ejercida por el despacho Lawbird Legal Services S.L., invoca legislación de protección de consumidores (Ley 57/1968 sobre anticipos a cuenta en la venta de viviendas), que a su entender, debía en todo caso proteger las entregas abonadas por consumidores finalistas.
El Banco Popular alega, entre otras cosas, que no ha prestado “un aval individual a los demandantes en garantía de la devolución de las cantidades por ellos entregadas”, y que la póliza de garantía aportada con la demanda está sometida a un límite económico.
El juzgado, sin embargo, entiende que debe estimarse la demanda, pues ha quedado probado que la entidad financiera concedió a la promotora una línea de avales, en la que se “garantiza la devolución de las cantidades entregadas a cuenta de conformidad con lo previsto por la ley 57/1968”.
“No existe duda al respecto”, señala la sentencia, que considera claro que “la intención evidente de los contratantes fue la de constituir un aval que sirviera a Promociones Eurohouse 2010, S.L. para garantizar la restitución de las cantidades que fuera recibiendo de sus clientes”.
Asimismo, considera que los adquirentes de las viviendas “no pueden verse perjudicados por el hecho de que Promociones Eurohouse S.L. y la entidad financiera con quien aquélla había concertado la garantía hubieran pactado la necesidad de que esta última emitiera, de forma individualizada, cada aval”.
El jugado también especifica que el hecho de que las cantidades entregadas por los demandantes hayan sido ingresadas o no en una cuenta de titularidad de Banco Popular resulta irrelevante, y ve “intrascendente” que esta entidad “financiara o no la promoción de viviendas”.
La sentencia, que no es firme y contra la que se puede interponer un recurso de apelación en un plazo de 20 días, obliga al Banco Popular a pagar a los demandantes cantidades que van desde los 34.000 a los 88.000 euros, y que suman cerca de 2 millones de euros, mientras que absuelve a las otras dos entidades denunciadas.
Los papeles de Panamá son un auténtico quién es quién de la abogacía y la asesoría fiscal en España. Porque aunque las empresas están en lugares soleados, y los fondos a menudo en bancos en Suiza, todo se gestiona desde despachos con orlas de abogados en Madrid, Barcelona o Marbella. Bufetes como Feliú, De Miguel y Del Valle, salpicados en casos de blanqueo en España, aparecen de forma reiterada en los documentos de Mossack Fonseca como intermediarios. Los grandes, grandes despachos llevaban aparentemente más cuidado para hacer negocios con Mossack.
En 1985, un industrial vasco abrió la sociedad Cornfield Investments Limited en la Isla de Jersey. Lo hizo con Mossack Fonseca a través del despacho Feliú, según los papeles a los que tuvo acceso el diario alemán ‘Süddeustche Zeitung’ y que publican un centenar de medios -en España, El Confidencial y La Sexta- en colaboración con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
[Especial los papeles de Panamá: destapamos a Mossack Fonseca, la gran trama de las sociedades ‘offshore’]
El 7 de noviembre de 1989, Alejandro Feliú Vidal, Alejandro Feliú Marqués y Miguel Feliú Bordoy reciben un poder notarial de Cornfield. Los Feliú pertenecen a un despacho de abogados de Mallorca con un relevante historial de blanqueo y delito fiscal. El 26 de abril de 2007, la policía irrumpió en el despacho en una operación contra el blanqueo y el fraude fiscal. Era un caso sin muchos precedentes, en el que Anticorrupción no solo actuaba contra los defraudadores fiscales sino también contra los abogados que facilitaban la creación de sociedades en paraísos fiscales.
El abogado Alejandro Feliu, durante el juicio por blanqueo y fraude fiscal en el que fue condenado. (EFE)
Días después, las alarmas saltaron en las oficinas de Mossack Fonseca. El departamento de ‘compliance’, encargado en teoría de vigilar que no se incumpla la ley, escribe un correo alertando de que hay que dar de baja a Feliú. Pero el hombre de Mossack en España, Jaime Ingram, quita hierro al asunto. “El señor Ingram me indica que sobre el tema del Bufete Feliú, lo que existe al momento es un ‘pequeño escándalo’, pero que sin embargo eran noticias que debíamos tomar con reserva”, señala en un correo. El propio Ingram, que no ha querido hablar para este reportaje, da más adelante una versión aún más suave: “Es una firma conocida a la que el Gobierno ha tomado como ejemplo para dar un escarmiento”.
Anticorrupción pedía hasta 30 años de cárcel para cada uno de los Feliú. Pero estos confesaron, asumieron la culpa, pagaron y se quedaron sin ingreso en prisión. El Estado ya ha ingresado 20 millones de euros en multas por el fraude, también en bienes, a consecuencia de la operación Relámpago de 2007, según publicó ‘El País‘.
Los Feliú -en el bufete no han contestado a los mensajes y llamadas de este diario- no solo manejaban Corfield Investments. Según la documentación de Mossack Fonseca, antes de ser suspendidos habían intermediado en nueve empresas: ocho en las Islas Vírgenes Británicas y otra en Panamá. Todas tenían nombres inanes, fácilmente olvidables, intercambiables entre sí: Tern Holdings SA, Blane Corporation, Belan International Group Corp., Leban Corporation, Nabel Corporation, Sea Medow International, Sea Time Services limited, Lampera II Limited y Palma Consulting LTD.
El hombre de Mossack en España defendió al Bufete Feiú: “Es una firma conocida a la que el Gobierno ha tomado como ejemplo para dar un escarmiento”
Con la caída de Feliú, nuestro empresario -El Confidencial ha decidido de momento no publicar su nombre, por no ser un personaje público- eligió otro bufete renombrado: De Miguel Abogados, fundado por Luis de Miguel, esta vez en Madrid. Entonces su nombre aún no figuraba en rojo en Hacienda, pero eso no quiere decir que no tuviera su historia. En 1993 escribió un libro profético: ‘Objetivo, sin fronteras fiscales: los paraísos fiscales y la inversión extranjera en España’. Y pocos años después comenzó a trabajar con Francisco Correa, cabecilla de la Gürtel. De Miguel fue administrador único de Orange Market eEasy Concept,y tuvo cargos en Special Events y TCM, entre otras sociedades de la red. Era una pieza clave en la trama, considerado el arquitecto financiero de la Gürtel.
Según un informe de Anticorrupción del 6 de mayo de 2010, en su despacho había documento sobre “las estructuras de blanqueo ‘offshore’ (paraísos fiscales) con sociedades ubicadas en Antillas Holandesas y la Isla de Nevis”.
De Miguel se movía bien. Conoció personalmente a Ramón Fonseca en la conferencia de The International Tax Planning Association en San Petersburgo en junio de 2004, según la documentación de Mossack. Días después se reunió con una representante de Mossack -esta lo describió como “muy cordial y de muy buena apariencia”-. “Usa compañías en Nevis y Madeira. Yo sugerí usar Samoa y Niue, que no están en la lista española de paraísos fiscales”, dice la nota interna de Mossack. La reunión terminó de manera optimista: “Creo que tenemos un 100% de probabilidades de hacer negocios con esta firma, porque al señor De Miguel le gustó la idea de usar Niue en vez de Nevis”. Como acababa el plazo para presentar la renta, la conversación con De Miguel se vio constantemente interrumpida por clientes que le llamaban con dudas.
El abogado Luis de Miguel. (EFE)
Por alguna razón, De Miguel sigue usando Nevis, una isla del Caribe. En 2010, tras el fallecimiento de nuestro industrial, cuando Cornfield Investments pasa a sus hijas, De Miguel escribe a Mossack ordenando liquidar la sociedad y traspasar los activos a Limarno, una sociedad de Nevis. Para entonces, el abogado De Miguel ya estaba de barro hasta las cejas. Al igual que con Feliú, Hacienda y Anticorrupción le habían echado el ojo. En 2006, el juez Baltasar Garzón había ordenado entrar en su despacho en Madrid dentro de la operación del BBVA-Privanza, y encontró una serie de clientes a los que De Miguel ayudaba a evadir impuestos.
“En España no hay cultura de fiducia, de fiarse de alguien que te crea las sociedades ‘offshore’ sin un papel. Como no te fías del testaferro, siempre hay un documento en una caja fuerte que te relaciona. Así que cuando la policía entra en uno de estos despachos, ya lo tienes todo”, explica una fuente de Hacienda.
La Agencia Tributaria ha logrado condenas para algunos letrados como cooperadores en el fraude
Así cayó De Miguel. En abril de 2013 fue condenado por la Audiencia Nacional a 21 años de cárcel por ayudar al empresario vasco Juan Ramón Reparaz a defraudar a Hacienda 16 de los 25 millones de euros que el empresario no declaró entre 1999 y 2006. Lo hacía mediante sociedades interpuestas en Panamá, Belice, Irlanda, Reino Unido y España. La sentencia fue confirmada por el Supremo en 2014 y ya está en prisión.
Su hijo, Eduardo de Miguel, dirige el despacho ahora, y asegura que ha cambiado radicalmente de actividad. Afirma que no sabe nada de Cornfield ni de Limarno. Suena creíble. “Tengo 30 años y el despacho ha cambiado”, explica por teléfono.
El abogado no fue condenado como cómplice, sino como “cooperador necesario”, un grado más. Eso implica que es como si fuera autor del delito. No es la única causa en la que aparece su nombre. El 17 de febrero de 2014, la Audiencia de Madrid le condenó a dos años de prisión por fraude fiscal por defraudar 197.669 euros y falsedad continuada en documento mercantil. Además, según ha sabido El Confidencial, tiene pendiente otro juicio por delito fiscal que pospone alegando problemas de salud de su abogado.
Feliú y De Miguel son solo dos de las decenas de despachos españoles que aparecen como intermediarios en las relaciones de españoles con el bufete panameño. Ilustran cómo con frecuencia los tentáculos de Mossack Fonseca en España tienen toga, una orla de licenciado en Derecho en la pared y un despacho de abogados de esos de sofás de cuero y suelo de parqué.
El bufete Pretus de Barcelona es cliente destacado de Mossack y también estuvo implicado en un caso de blanqueo. Como Francisco Javier del Valle. Ambos son viejos conocidos de los tribunales españoles. Cameron anunció ayer una ley para perseguir a despachos y bancos que ayuden a evadir impuestos, aunque en España hace años comenzó a actuar contra los casos más flagrantes. Todas las fuentes del sector coinciden en que los casos de Feliú y De Miguel, Pretus y Del Valle corrieron como la pólvora entre los despachos de abogados. “Hay mucha gente esperando que prescriban los casos para respirar”, cuenta un abogado.
Otro de los que aparecen como intermediario en una gran cantidad de sociedades es el despacho Roca Asociados. Rafael Roca es un penalista experto en temas fiscales que ha defendido, entre otros, a Gonzalo Prado, acusado de ocultar dinero en el HSBC de Ginebra y cuyo nombre aparecía en la lista Falciani, o a los directivos de Verbatim condenados por fraude fiscal. Roca aparece en un lista de Mossack como intermedirio en 115 sociedades, de las que 22 permanecen activas. Hay empresas en Islas Vírgenes, Samoa, Panamá y Niue. Roca no ha querido hablar para este reportaje. En algunos casos, el trabajo de los abogado puede ser para traer una sociedad en la amnistía fiscal, lo que no les implicaría en ninguna irregularidad.
“Para abrir una sociedad en Panamá, no hay secreto profesional entre abogado y cliente que valga”
A menudo actuaban confiados en que la confidencialidad cliente-abogado se extendía a esos casos, pero eso ya no es así. Nielson Sánchez Stewart, abogado especializado en temas de blanqueo, advierte de que no se aplica en estas situaciones: “El secreto profesional es algo al servicio del cliente, no del abogado. Además, es solo para la defensa jurídica o la asesoría. Pero para abrir una sociedad en Panamá, no hace falta ser abogado. La puede abrir cualquiera, así que ahí no hay secreto profesional que valga”.
En caso de sospechas de blanqueo, los abogados están obligados a denunciar al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac). Sánchez Stewart destaca que no todo el que crea una sociedad en Panamá comete delito fiscal, y da un caso recurrente en el litoral. “Si viene un extranjero de 90 años que se quiere comprar una casa en Marbella, igual le recomendaría que lo hiciera mediante una sociedad en el extranjero”. Los residentes del norte de Europa temen como a la peste el impuesto de sucesiones español. “Lo que hace Mossack Fonseca hay que mirarlo caso a caso”, añade Sánchez Stewart.
El abogado Flores: “Mossack te ofrece la fiducia, la creación de sociedades ‘offshore’ de principio a fin”
Antonio Flores, abogado en Marbella, de Lawbird, especializado en atender a clientes extranjeros, da una visión más descarnada: “Te ofrecen la fiducia, la creación de sociedades ‘offshore’ de principio a fin. Usaban acciones al portador, de forma que nunca sabes de quién es la sociedad”. Flores añade que a menudo se vendían sociedades a clientes que no las necesitaban. “Pagaban entre 1.500 y 4.000 dólares al año a veces para usar una sociedad y comprar una casa en España, pero eso no les reportaba ventajas fiscales. Hemos tenido casos en los que hemos tenido que recuperar esa sociedad”. Señala que a veces los abogados les recomendaban esa operación porque cobraban una comisión.
En la lista de abogados que han trabajado con Mossack hay muchos de la costa. Como Vicente Tur Órtola, un letrado de Benissa (Alicante), que ha creado 13 sociedades con ellos: siete en Panamá y seis en Niue. De ellas, solo queda una activa: Warwick Investments. “En relación con Warwick Investments INC, su actividad es la de tenedora de acciones y promotora, en todo lo relacionado en el sector inmobiliario español”, dice Tur a Mossack en un correo electrónico en abril de 2014.
Por teléfono, Tur Órtola reduce la importancia: “Warwick está inactiva. La creamos para un inglés que venía a comprarse una casa en la costa. La casa la vendió y mantiene la sociedad porque cuesta unos 600 dólares al año, pero le voy a decir que la cierre”. Tur habla franco y directo antes de que estalle el escándalo de los papeles de Panamá: “Mossack Fonseca eran abogados que hacían de todo. No sé cómo les irá. Ha habido un montón de reformas legislativas y eso no da más de sí”. Tur admite que ha trabajado con Mossack.
Un intermediario afirma que Mossack ofrecía servicios a la clase media que ahora solo están al alcance de las empresas multinacionales
En los papeles de Panamá aparecen también menciones a los grandes bufetes españoles, pero se nota que llevan mucho más cuidado. Abogados de Cuatrecasasfiguran como apoderados en una sociedad de Panamá, pero la documentación demuestra que forma parte de una inversión en gimnasios en Colombia por parte de una empresa brasileña. Hay algo tangible detrás, no solo movimiento de impuestos.
En 2004, una enviada de Mossack realizó una ronda por despachos españoles y de cada reunión realizó un pequeño resumen. De una cita con dos socios de Uriasale sin grandes perspectivas de negocio: “Creo que tenemos pocas oportunidades de hacer negocio con ellos”, aunque estos sí tratan con bancos de Andorra y con compañías de Suiza, Reino Unido, Malta, Chipre y Madeira. La misma conclusión saca de una reunión en 2005 con Garrigues.
Dos abogados consultados coinciden en que Mossack Fonseca permitía crear sociedades a la clase media alta, pero que últimamente el negocio estaba de capa caída. La amnistía y las reformas legales habían ido a la base de su negocio. Ahora, señala, eso solo lo pueden hacer grandes multinacionales. Y esas no iban a Mossack.
Fracois Hollande (izquierda), junto al barón David de Rothschild.
La justicia española sigue apuntando alto. Un juez de Parla ordenó registrar la sede en España del banco chino ICBC, otro imputó a la cúpula mundial de American Express por estafa y ahora un juez de Dénia (Alicante) ha enviado una comisión rogatoria (una petición de auxilio judicial) a Francia para interrogar al barón David de Rothschild, presidente del banco del mismo nombre y prestigioso banquero. Pretende tomarle declaración por una denuncia de publicidad engañosa que unos jubilados británicos presentaron en su juzgado. Como decenas de parejas que se vieron atrapadas en un producto financiero complejo que la banca Rothschild vendía en la costa española para ahorrar dinero en el impuesto de sucesiones.
El pasado martes, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Dénia,Pedro Pablo Abad Ortiz, recibió la traducción del interrogatorio que las acusaciones quieren realizar al barón David de Rothschild y acordó remitir “la comisión rogatoria junto a las preguntas propuestas por las partes personadas al órgano competente en París”.
Así, el barón David de Rothschild, presidente de la banca del mismo nombre, heredero del linaje de banqueros más importantes del mundo, deberá responder a la publicidad que su banco realizó en España hace una década en la costa española. Entonces vendía entre jubilados británicos en la costa, principalmente Málaga, Alicante o Baleares, una especie de hipoteca inversa para reducir el impuesto de sucesiones. Simplificando, el esquema era algo así: Rothschild daba una hipoteca sobre la casa, un intermediario invertía ese dinero y con los rendimientos se devolvía el préstamo y con intereses. Además, al estar hipotecada en el extranjero, si fallecía uno de los cónyuges se reduciría el impuesto de sucesiones. Negocio redondo. Así consiguió en España unas 130 hipotecas, que a una media de 600.000 euros, suman unos 70 millones de euros, según calcula Antonio Flores, abogado de los demandantes, con sede en Marbella y especializado en defender a extranjeros en la costa.
La publicidad decía: “Una hipoteca es una forma muy efectiva de reducir el valor total de su vivienda española expuesta al impuesto de sucesiones”
El problema es que, con la crisis, las inversiones se fueron a pique y los jubilados pasaban a estar hipotecados. De repente debían un préstamo al banco Rothschild. Rothschild defendió que el contrato tenia dos partes: su hipoteca, y la inversión, que realizaba un agente externo, por lo que no era culpa suya si había ido mal. Así se defendió con éxito en los tribunales. En enero de 2015, una jueza de Marbella ya dio la razón al banco frente a una pareja de jubilados. La sentencia considera que “no es admisible alegar desconocimiento de los riesgos que asumían” y que la documentación demostraba que ese producto financiero “tenía riesgos”. El fallo distingue entre quien dio la hipoteca, Rothschild, y el intermediario financiero que se encargaba de mover el dinero. Rothschild alega además que no ha ejecutado las hipotecas a quienes no han pagado y que está negociando caso a caso.
Flores emprendió una vía judicial distinta en Dénia. Allí, unos clientes habían denunciado a responsables de la banca Rothschild por estafa y la causa fue archivada. Pero Flores lo retomó bajo la acusación de “publicidad engañosa”. Aportó los folletos que Rothschild repartía en encuentros en hoteles con expatriados. Uno distribuido en Marbella en 2007 decía: “Demasiados expatriados descubren de forma dolorosa que el impuesto de sucesiones no funciona en España como funciona en su propio país. Esto afecta a los propietarios de viviendas en España, no solo a los residentes; el tipo extremo del impuesto de sucesiones es del 81,6%. La respuesta es minimizar el número de activos expuesto a esto”. Y añadía que “una hipoteca es una forma muy efectiva de reducir el valor total de su vivienda española expuesta al impuesto de sucesiones”. En uno de los folletos, un hacha partía una casa por la mitad, en alusión a lo que haría la Agencia Tributaria con las propiedades de los herederos de un fallecido.
Vendían a jubilados un producto para rebajar el impuesto de sucesiones en España
Antonio Flores esgrime una consulta a la Agencia Tributaria en la que responde que hipotecar una vivienda en el exterior para deducirse el impuesto de sucesiones es un fraude. “Vendían un producto en masa con una publicidad que es mentira. La publicidad era constante y machacona”. Como entonces no había responsabilidad penal de las empresas, pidió que declarase el máximo responsable, el barón David de Rothschild. “Él tuvo que haberse reunido con la gente que se encargaba de esto”. “Básicamente se trata de que la publicidad se basa en su mayor parte en que el préstamo es para deducir el impuesto de sucesiones y eso es un fraude, a sabiendas o no, pero es un fraude”, señala Flores, que recuerda que las inversiones luego se hacían desde territorios como la Isla de Mann o Guernsey, opacos al fisco español.
El caso tiene una singularidad, que Rothschild no está aún personado en la causa. En octubre de 2014, el juez llegó a mandar a la policía a las oficinas de Rothschild en Madrid para ver si le daban las señas de David de Rothschild o Stephen Dewnship, un directivo. Nadie les dio una dirección. Los Rothschild son uno de los grandes linajes de banqueros e industriales del mundo. Su lema es ‘Concordia, Integritas, Industria‘ (harmonía, integridad e industria). Cuenta con unos 2.800 empleados en 40 países.
