Ciudadanos extranjeros se han agrupado en una plataforma para denunciar un producto financiero de planificación fiscal presuntamente fraudulenta que se está vendiendo en todo el país. Concretamente, sólo en el municipio de Marbella, hay entre 30 y 40 afectados con un capital invertido en este producto que ronda la cifra de los 44 millones de euros.
Según explica el abogado Antonio Flores, que representa a los afectados por la gestión realizada por Nordea Bank, se trata de un producto que ofrece una “planificación fiscal fraudulenta. La entidad”, continúa, “garantizaba, de manera legal, una forma de reducir el pago del impuesto de sucesiones sobre sus propiedades”, según explica el letrado, quién señala que el banco ofrece a sus clientes la posibilidad de firmar un préstamo hipotecario sobre viviendas ya pagadas al objeto de reducir el valor del inmueble y por consiguiente la cantidad a pagar en concepto de impuesto de sucesiones por parte de sus herederos en el caso de que el titular fallezca.
A pesar de lo abultada de la cifra de capital invertido, 44 millones, no son muchos los afectados en Marbella porque, según explica el abogado “en todos los casos se trata de hipotecas suscritas por cantidades muy elevadas”.
Una vez cerrado el préstamo en cuestión, según Flores, el dinero nunca ha llegado a estar en manos de los clientes, si no que era gestionado por el banco que invertía y negociaba con él garantizando a los propietarios de las viviendas sobre los que pesa el préstamo que el mismo se irá liquidando con cargo a los intereses generados por el dinero que la entidad tienen en su poder.
“Lo que sucede”, según explica Flores, “es que los bancos han invertido mal y han perdido el dinero, por lo que ahora piden a sus clientes que hagan frente a la hipoteca o de lo contrario podrían perder sus casas”.
Es decir, un producto que en principio no generaba ninguna deuda y cuyo objetivo era simplemente garantizar un beneficio para el cliente y una reducción fiscal, se ha vuelto ahora en contra de sus dueños que, a su vez, podrían llegar a estar incurriendo en un delito fiscal en el momento en el que tuvieran que pagar el impuesto de sucesiones ya que estarían evadiendo cantidades a la hacienda española.
A esto se suma el hecho de que la mayoría de las personas que han suscrito este tipo de hipotecas “son ciudadanos extranjeros desconocedores de las leyes españolas y que por lo tanto se han fiado de un producto bancario que garantizaba una operación legal avalada por varias consultoras internacionales que, según las investigaciones realizadas, nunca dieron el visto bueno a este tipo de producto a pesar de la publicidad que el banco hizo del producto”.
Ahora los afectados luchan por conseguir la nulidad del contrato que firmaron en el momento en el que rubricaron la hipoteca al considerar que han sido engañados por un banco que les vendía como legal “un producto que fomenta un delito fiscal en España”.
De momento ya se han interpuesto varias denuncias por la vía penal por publicidad engañosa al entender que los clientes han sido víctimas “y no colaboradoras de un posible delito fiscal”.
La división de banca privada de Nordea Bank, a preguntas de este periódico, ha asegurado que la entidad “ha tenido buenas relaciones con sus clientes desde hace más de 30 años en España fuertemente opuestas a las alegaciones realizadas” a lo que han añadido que no tienen más comentarios que hacer ante las informaciones vertidas por parte de la representación legal de los denunciantes.