Jean Hilary Leftwich todavía no se hace a la idea de que otras personas estén disfrutando de la casa en la que ha vivido durante casi 25 años en Alhaurín de la Torre. Esta inglesa de 67 años es una de las más de 400 personas afectadas en Málaga por una presunta estafa cometida por bancos extranjeros que le ha obligado a alquilar su vivienda y a malvender un apartamento en Marbella para hacer frente a una deuda que amenazaba con dejarla en la calle. Ayer, junto a otra treintena de jubilados residentes extranjeros en la Costa del Sol, en su mayoría británicos, se concentró a las puertas de la delegación de la Agencia Tributaria en la capital malagueña para mostrar su repulsa por lo que consideran un auténtico fraude.Así se lo hicieron saber también a responsables de Hacienda mediante la entrega de un escrito en el que denuncian que una decena de entidades financieras, principalmente danesas, les han convertido en cómplices de un fraude fiscal mediante la contratación de una especie de hipotecas inversas y la inversión de grandes cantidades de dinero en paraísos fiscales como Luxemburgo o Islas del Canal.
Según el testimonio de los afectados y del abogado Antonio Flores, encargado de la defensa de algunos de ellos, entre los años 2004 y 2009 los bancos presuntamente implicados les convencieron, a través de anuncios en prensa, folletos y llamadas, de que hipotecaran sus viviendas para que sus herederos no tuvieran que hacer frente a un impuesto de sucesiones que podría alcanzar hasta el 80% del valor del inmueble en caso de que éste estuviera libre de cargas. Además, les prometieron una atractiva rentabilidad mediante la inversión de buena parte de este préstamo en fondos que supuestamente estaban exentos de riesgo. «Quería dinero para poder viajar a Inglaterra a visitar a mis nietos», cuenta Jean Hilary Leftwich, que finalmente tuvo que vender su apartamento de Marbella para saldar una deuda de 385.000 euros con la entidad.
Su compatriota Toni Minta, de 65 años, ahora teme perder su vivienda en Estepona, que le costó 600.000 euros hace una década. Por ella recibió de un banco noruego 1.250.000 euros que viajaron a un paraíso fiscal y cuya cantidad se ha reducido hasta los 500.000 euros por los vaivenes de la economía, mientras su deuda con la entidad permanece casi intacta. Por el momento, la Audiencia Nacional ha rechazado investigar el caso.