Más de un centenar de afectados por una estafa inmobiliaria en la Costa del Sol, la mayoría de nacionalidad británica y norteamericana, han recusado al titular del Juzgado de Instrucción Número 16 de Madrid, José Emilio Coronado Ruz, tras detectar que su hermano, Ignacio Coronado Ruz, “aparece vinculado societariamente al principal implicado en el fraude, Ricardo Miranda Miret”.
El despacho de abogados Lawbird, con sede en Marbella y representante de los afectados, se ha hecho cargo de presentar la correspondiente recusación.
En el escrito dirigido al juez Coronado Ruz para que abandone el caso, los abogados Antonio Flores Vila y Luis Fernando González Ordóñez han hecho constar que el hermano del instructor ha sido “accionista, secretario, e incluso presidente del consejo de administración de la sociedad Paraíso Tropical”, según ha informado el despacho de abogados a través de un comunicado.
Se trata de la mercantil propiedad del principal imputado, Ricardo Miranda, acusado de haberse apoderado de más de 12 millones de euros pagados por los estafados en concepto de depósitos para sus futuras viviendas. Las promociones, que iban a estar ubicadas en una parcela de Estepona y República Dominicana, nunca se llevaron a cabo.
Ignacio Coronado Ruz ha sido también representante de la mercantil Inversiones CCF -antiguo cotitular de unos terrenos propiedad de sociedades de Miranda en República Dominicana-, según el comunicado.
La sociedad CCF S.A., a la que ha estado vinculado el hermano del juez instructor, era copropietaria de los terrenos dominicanos junto a CCF 21 Negocios Inmobiliarios cuyos dueños son los empresarios Carlos Sánchez Hernández y Andrés Liétor, ambos procesados en el caso Malaya, en el que se enfrentan a abultadas penas de cárcel por diversos delitos, principalmente cohecho.
El bufete Lawbird ha solicitado no sólo la recusación del juez Coronado, sino también la ampliación de la querella inicial. Pretenden que también sean imputados junto a Miranda los empresarios Sánchez y Liétor, además del hermano del magistrado de Plaza Castilla.
“Todos ellos, incluido Ignacio Coronado, cobraron de las empresas de Miranda por la venta de sus acciones y transmisión de los terrenos de República Dominicana”. La ampliación de la querella recoge que el hermano del titular del Juzgado de Instrucción 16 de Madrid habría cobrado 100.000 euros a título personal.
En opinión de los letrados querellantes “es impensable entender que el juez instructor no supiera la vinculación de su hermano con los hechos denunciados que comenzó a investigar”. Así pues, afirman que Coronado “ha estado instruyendo casi dos años como si lo ignorara”.