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La isla de Man es un pequeño territorio ‘offshore’ entre Irlanda e Inglaterra. No pertenece a la UE, pero sí al Reino Unido, que le proporciona defensa y política exterior. Pese a contar con solo 75.000 habitantes, ha demostrado tener orgullo. Al menos uno de sus jueces, que ha amenazado a un grupo de jubilados británicos que pleitean en Marbella contra una de sus empresas, Old Mutual Isle of Man, a la que acusan de timarles con un producto financiero complejo —otro más— vendido a jubilados británicos en la Costa del Sol. Según el juez, si siguen adelante en España, se enfrentan a penas de prisión o al embargo de sus bienes en el Reino Unido, y lo mismo sus abogados e incluso el personal del juzgado.
La Costa del Sol es el paraíso de las estafas a británicos. Decenas de miles de expatriados viven en su burbuja, sin conocer el idioma ni las leyes españolas, y a menudo se fían de compatriotas y de sus productos financieros. Algunos han sufrido el rigor de la piqueta española, otros contrataban hipotecas inversas con Rothschild que han acabado en los tribunales y otros dejaban sus ahorros en manos de Naughty Nigel, un pícaro jugador de póquer que decía invertir en bolsa con un ojo de águila… Hay infinidad de ejemplos.
La Costa del Sol es el paraíso de las estafas a británicos. Decenas de miles de expatriados viven en su burbuja, sin conocer el idioma ni las leyes
Otros invirtieron en Old Mutual Isle of Man, una compañía aseguradora que les vendía un producto financiero complejo desde Man, un territorio ‘offshore’ con miles de empresas. Cuando la inversión fue mal, recurrieron a los tribunales españoles, que han condenado a bancos y chiringuitos financieros a devolver el dinero en cuanto el nivel del cliente era el de un inversor medio.
Así lo hicieron una pareja de expatriados, periodista y fisioterapeuta, afincados en Marbella. El 31 de julio pasado presentaron una demanda reclamando la nulidad del seguro de vida con Old Mutual en un juzgado de Marbella. Su abogado, Juan Martínez Soler, del despacho Lawbird en Marbella, alegaba que la Isla de Man no es territorio de la UE y que aunque el contrato estipulaba que las diferencias se resolverían allí, esa cláusula es nula, como tantas abusivas en estos contratos.
En la demanda esgrimían que Old Mutual nunca estuvo autorizada en España a operar como agente de seguros pese a que los ofrecía desde una oficina en Marbella a través de mediadores como ASF Europe Alliance. Según el escrito, “la información disponible al público en lo relativo a las autorizaciones para operar en España es objetivamente falsa”. ASF Europe Alliance, que los comercializaba, está registrada como una empresa de publicidad, pero ni la CNMV ni la dirección general de seguros tenía constancia de ellos, según aportaron los demandantes.
Estos habían contratado en 2011 una póliza llamada ‘executive investment bond’, una póliza de vida en que, al fallecer el asegurado, los beneficiarios del seguro reciben lo invertido más un 1%. En total, invirtió allí 688.000 libras esterlinas (unos 780.000 euros), de las que fue retirando 490.000 libras, por lo que le reclama las 198.000 libras (207.000 euros) que le faltan. En la demanda, los inversores sostienen que no entran a valorar cómo movió el dinero Old Mutual —eso sería “como intentar establecer la mala praxis de un falso cirujano”— sino en que no tenía ningún permiso para operar en España. Reclaman que el contrato era abusivo, al imponer un juez en la Isla de Man y no en Marbella para dirimir las disputas.
Además, la ley de seguros establece que “serán nulos de pleno derecho” los contratos realizados por entidades no registradas, como sería el caso de Old Mutual en España. El juzgado de Marbella admitió a trámite la demanda y comenzó el lento peregrinar que tienen estas cosas. Hasta ahí, sería un caso más de británicos reclamando en la Costa del Sol un dinero perdido en extrañas inversiones ‘offshore’ (hay bancos daneses y empresas con sede en Gibraltar en pleitos parecidos).
La ley de seguros establece que “serán nulos de pleno derecho” los contratos realizados por entidades no registradas
Pero el pasado enero el guion dio un giro inesperado. Old Mutual presentó su propio escrito en un tribunal de la Isla de Man para paralizar las actuaciones judiciales en España. Y les dieron la razón. El 31 de enero, el alto tribunal de la Isla de Man emitió un aviso penal en el que avisaba al matrimonio que, de seguir su demanda en España, podrían verse condenados “por desacato, ser encarcelados, multados o tener sus bienes embargados”.
No solo eso, sino que el juez avisaba de que lo mismo le podría ocurrir a “cualquier otra persona que conociendo esta orden ayude” a los demandantes. En último extremo esto incuso se aplica al personal de Justicia español. “Es absurdo, la Isla de Man amenazando al tribunal español con acciones penales. Es lo nunca visto”; razona Antonio Flores, director de Lawbird. El juzgado de Marbella analiza ahora la competencia sobre el caso.
Un portavoz de Old Mutual afirmó por correo electrónico que no intentan disuadir a nadie del pleito, pero que debe realizarse en la Isla de Man: “Old Mutual International no intenta evitar que los pleitos sigan. El juicio solo afecta a dónde debería verse la demanda, y el alto tribunal de la Isla de Man ha ordenado que sea en la Isla de Man. Cualquier riesgo posterior surge del rechazo continuado a cumplir una orden del Tribunal Supremo. Este rechazo es lamentable, pero no tiene nada que ver con Old Mutual International”.
El barón David de Rothschild, heredero del famoso linaje industrial y durante años presidente de la banca Rothschild, fue interrogado por escrito por un juez de Dénia (Alicante) que le investiga por publicidad engañosa. Lo hizo el pasado 22 de julio, aunque la comisión rogatoria con la respuesta no llegó al juzgado español hasta el 19 de diciembre. Decenas de jubilados británicos y alemanes acusan a la banca Rothschild de venderles un producto financiero para evadir el impuesto de sucesiones con el que pueden perder sus casas. El barón respondió una y otra vez que no sabía cómo funcionaba el negocio en España. “No conozco ese producto”, responde en un cuestionario repleto de evasivas.
Los jueces españoles siguen elevando el tiro contra la banca. El titular del juzgado de instrucción número 1 de Dénia, Pedro Pablo Abad Ortiz, prosigue con la instrucción de una querella contra la banca Rothschild por publicidad engañosa. Jubilados británicos y alemanes en la costa han ido contra el banco por un producto financiero complejo. Simplificando, Rothschild les daba una hipoteca sobre la casa, ese préstamo era invertido y con los intereses ganaban dinero y además eludían el impuesto de sucesiones si uno de los cónyuges fallecía, porque estaba hipotecado fuera de España.
Así comercializó unas 130 hipotecas que, a una media de 600.000 euros, suman unos 70 millones de euros, según estima Antonio Flores, abogado de los demandantes, para dar un orden de magnitud. Flores tiene sede en Marbella y especializado en defender a extranjeros en la costa. Con la crisis financiera, esas inversiones fueron mal y los jubilados vieron después que debían poner dinero para mantener unas casas que ya tenían pagadas. Unos emprendieron pleitos por vía civil, que ganó Rothschild, y otros siguen en curso, pero este va por la vía penal por publicidad engañosa. “Es importante, puede pasar que vaya a juicio si no da la cara alguien. Él es el máximo director de la empresa. Es la persona que tiene que aprobar que se den esos millones en préstamos”, señala Flores.
“Yo no estuve implicado personalmente en los contratos de Credictselect series 4. Para responder a este cuestionario, me han indicado desde NMR [NMR Rothschilds & Sons] que jamás ha propuesto fondos de inversión ligados a los contratos de esos préstamos”, señala el barón en su respuesta a un cuestionario por escrito. La comisión rogatoria a Francia fue enviada en marzo de 2016. En sus respuestas, que ocupan 17 páginas, abundan las evasivas: “La pregunta no está clara”, “a fin de contestar a este cuestionario, NMR me ha indicado que…”.
“Yo no estuve implicado personalmente en los contratos”, respondió el barón por cuestionario
Según las respuestas de David de Rothschild, los préstamos se daban a “individuos que tenían un inmueble que no estaba sometido a ninguna hipoteca, que declaraban tener otros activos y que eran expatriados [británicos o de otras nacionalidades]”, pero esa hipoteca nunca se dio para reducir el impuesto de sucesiones. Según él, era solo “un préstamo garantizado por el inmueble”, y quien lo pedía seleccionaba “las inversiones de acuerdo con el consejo de su asesor”. A la pregunta de si conoce a Stephen Dewsnip, señalado como uno de los artífices del esquema en España, responde: “Yo no lo conozco personalmente, pero me han informado desde NMR para contestar a este cuestionario que fue administrador de RBI [Rothschild Bank International Limited]”.
Este firmó como presidente de Rotschild Channel Islands un artículo en el que presentaba este sistema como un atajo contra el impuesto de sucesiones. Fue repartido en reuniones en la costa española, según los denunciantes. “Yo no he autorizado la publicidad de este producto porque no he estado jamás implicado personalmente en los contratos de préstamo”, responde el barón al juez de Dénia. Más adelante, responde que NMR no publicitaba la reducción del impuesto de sucesiones.
El barón, a la televisión francesa: “Me sorprendería mucho que se hubiera hecho algo ilegal”
Los demandantes, en cambio, han alegado que siempre se usaba la marca Rothschild y han aportado folletos en los que con el logo del banco se les vendía como una forma de eludir el impuesto de sucesiones. Sin embargo, ladirección general de Tributos contestó a una consulta que no era legal eludir el impuesto de sucesiones hipotecando un bien en el extranjero. Esa hipoteca en el extranjero “no es deducible a efectos del impuesto de sucesiones” y hacerlo “supone una infracción tributaria sancionable”.
“Nadie en el seno de NMR ha estado implicado de ninguna manera en la gestión de esos fondos de inversión”, señala el barón. Su defensa es afirmar que ellos solo daban la hipoteca y que la inversión del dinero —lo que falló y amenaza con llevarse las viviendas— era algo independiente. Hasta ahora, los tribunales españoles han dando la razón en vía civil a Rothschild o los casos siguen en tramitación, pero el caso de Dénia va por vía penal por publicidad engañosa.
El asunto ha llegado a la televisión francesa. El pasado mes de diciembre, la cadena France 2 emitió el reportaje ‘Rothschild, el poder de un nombre‘. Acudieron a la Costa del Sol a entrevistar a afectados por esta hipoteca. En el vídeo (minuto 55), la periodista le enseña al barón la publicidad con el logotipo de Rothschild en que se anunciaban los préstamos. Aparentemente molesto, David de Rothschild replica: “Eso no se podría hacer sin la participación de cierta gente en España que consideraba que era buena idea […] Me sorprendería mucho que se hubiera hecho algo ilegal”.
Avec ce “Document de Complément d’enquête”, plongez dans l’univers très fermé des Rothschild. Un nom légendaire et une dynastie associée à l’argent et au pouvoir depuis deux cents ans et sept générations. Trois de ses représentants ont accepté de lever le voile sur l’empire familial.
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Los papeles de Panamá son un auténtico quién es quién de la abogacía y la asesoría fiscal en España. Porque aunque las empresas están en lugares soleados, y los fondos a menudo en bancos en Suiza, todo se gestiona desde despachos con orlas de abogados en Madrid, Barcelona o Marbella. Bufetes como Feliú, De Miguel y Del Valle, salpicados en casos de blanqueo en España, aparecen de forma reiterada en los documentos de Mossack Fonseca como intermediarios. Los grandes, grandes despachos llevaban aparentemente más cuidado para hacer negocios con Mossack.
En 1985, un industrial vasco abrió la sociedad Cornfield Investments Limited en la Isla de Jersey. Lo hizo con Mossack Fonseca a través del despacho Feliú, según los papeles a los que tuvo acceso el diario alemán ‘Süddeustche Zeitung’ y que publican un centenar de medios -en España, El Confidencial y La Sexta- en colaboración con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
[Especial los papeles de Panamá: destapamos a Mossack Fonseca, la gran trama de las sociedades ‘offshore’]
El 7 de noviembre de 1989, Alejandro Feliú Vidal, Alejandro Feliú Marqués y Miguel Feliú Bordoy reciben un poder notarial de Cornfield. Los Feliú pertenecen a un despacho de abogados de Mallorca con un relevante historial de blanqueo y delito fiscal. El 26 de abril de 2007, la policía irrumpió en el despacho en una operación contra el blanqueo y el fraude fiscal. Era un caso sin muchos precedentes, en el que Anticorrupción no solo actuaba contra los defraudadores fiscales sino también contra los abogados que facilitaban la creación de sociedades en paraísos fiscales.
Días después, las alarmas saltaron en las oficinas de Mossack Fonseca. El departamento de ‘compliance’, encargado en teoría de vigilar que no se incumpla la ley, escribe un correo alertando de que hay que dar de baja a Feliú. Pero el hombre de Mossack en España, Jaime Ingram, quita hierro al asunto. “El señor Ingram me indica que sobre el tema del Bufete Feliú, lo que existe al momento es un ‘pequeño escándalo’, pero que sin embargo eran noticias que debíamos tomar con reserva”, señala en un correo. El propio Ingram, que no ha querido hablar para este reportaje, da más adelante una versión aún más suave: “Es una firma conocida a la que el Gobierno ha tomado como ejemplo para dar un escarmiento”.
Anticorrupción pedía hasta 30 años de cárcel para cada uno de los Feliú. Pero estos confesaron, asumieron la culpa, pagaron y se quedaron sin ingreso en prisión. El Estado ya ha ingresado 20 millones de euros en multas por el fraude, también en bienes, a consecuencia de la operación Relámpago de 2007, según publicó ‘El País‘.
Los Feliú -en el bufete no han contestado a los mensajes y llamadas de este diario- no solo manejaban Corfield Investments. Según la documentación de Mossack Fonseca, antes de ser suspendidos habían intermediado en nueve empresas: ocho en las Islas Vírgenes Británicas y otra en Panamá. Todas tenían nombres inanes, fácilmente olvidables, intercambiables entre sí: Tern Holdings SA, Blane Corporation, Belan International Group Corp., Leban Corporation, Nabel Corporation, Sea Medow International, Sea Time Services limited, Lampera II Limited y Palma Consulting LTD.
El hombre de Mossack en España defendió al Bufete Feiú: “Es una firma conocida a la que el Gobierno ha tomado como ejemplo para dar un escarmiento”
Con la caída de Feliú, nuestro empresario -El Confidencial ha decidido de momento no publicar su nombre, por no ser un personaje público- eligió otro bufete renombrado: De Miguel Abogados, fundado por Luis de Miguel, esta vez en Madrid. Entonces su nombre aún no figuraba en rojo en Hacienda, pero eso no quiere decir que no tuviera su historia. En 1993 escribió un libro profético: ‘Objetivo, sin fronteras fiscales: los paraísos fiscales y la inversión extranjera en España’. Y pocos años después comenzó a trabajar con Francisco Correa, cabecilla de la Gürtel. De Miguel fue administrador único de Orange Market e Easy Concept,y tuvo cargos en Special Events y TCM, entre otras sociedades de la red. Era una pieza clave en la trama, considerado el arquitecto financiero de la Gürtel.
Según un informe de Anticorrupción del 6 de mayo de 2010, en su despacho había documento sobre “las estructuras de blanqueo ‘offshore’ (paraísos fiscales) con sociedades ubicadas en Antillas Holandesas y la Isla de Nevis”.
De Miguel se movía bien. Conoció personalmente a Ramón Fonseca en la conferencia de The International Tax Planning Association en San Petersburgo en junio de 2004, según la documentación de Mossack. Días después se reunió con una representante de Mossack -esta lo describió como “muy cordial y de muy buena apariencia”-. “Usa compañías en Nevis y Madeira. Yo sugerí usar Samoa y Niue, que no están en la lista española de paraísos fiscales”, dice la nota interna de Mossack. La reunión terminó de manera optimista: “Creo que tenemos un 100% de probabilidades de hacer negocios con esta firma, porque al señor De Miguel le gustó la idea de usar Niue en vez de Nevis”. Como acababa el plazo para presentar la renta, la conversación con De Miguel se vio constantemente interrumpida por clientes que le llamaban con dudas.
Por alguna razón, De Miguel sigue usando Nevis, una isla del Caribe. En 2010, tras el fallecimiento de nuestro industrial, cuando Cornfield Investments pasa a sus hijas, De Miguel escribe a Mossack ordenando liquidar la sociedad y traspasar los activos a Limarno, una sociedad de Nevis. Para entonces, el abogado De Miguel ya estaba de barro hasta las cejas. Al igual que con Feliú, Hacienda y Anticorrupción le habían echado el ojo. En 2006, el juez Baltasar Garzón había ordenado entrar en su despacho en Madrid dentro de la operación del BBVA-Privanza, y encontró una serie de clientes a los que De Miguel ayudaba a evadir impuestos.
“En España no hay cultura de fiducia, de fiarse de alguien que te crea las sociedades ‘offshore’ sin un papel. Como no te fías del testaferro, siempre hay un documento en una caja fuerte que te relaciona. Así que cuando la policía entra en uno de estos despachos, ya lo tienes todo”, explica una fuente de Hacienda.
La Agencia Tributaria ha logrado condenas para algunos letrados como cooperadores en el fraude
Así cayó De Miguel. En abril de 2013 fue condenado por la Audiencia Nacional a 21 años de cárcel por ayudar al empresario vasco Juan Ramón Reparaz a defraudar a Hacienda 16 de los 25 millones de euros que el empresario no declaró entre 1999 y 2006. Lo hacía mediante sociedades interpuestas en Panamá, Belice, Irlanda, Reino Unido y España. La sentencia fue confirmada por el Supremo en 2014 y ya está en prisión.
Su hijo, Eduardo de Miguel, dirige el despacho ahora, y asegura que ha cambiado radicalmente de actividad. Afirma que no sabe nada de Cornfield ni de Limarno. Suena creíble. “Tengo 30 años y el despacho ha cambiado”, explica por teléfono.
El abogado no fue condenado como cómplice, sino como “cooperador necesario”, un grado más. Eso implica que es como si fuera autor del delito. No es la única causa en la que aparece su nombre. El 17 de febrero de 2014, la Audiencia de Madrid le condenó a dos años de prisión por fraude fiscal por defraudar 197.669 euros y falsedad continuada en documento mercantil. Además, según ha sabido El Confidencial, tiene pendiente otro juicio por delito fiscal que pospone alegando problemas de salud de su abogado.
Feliú y De Miguel son solo dos de las decenas de despachos españoles que aparecen como intermediarios en las relaciones de españoles con el bufete panameño. Ilustran cómo con frecuencia los tentáculos de Mossack Fonseca en España tienen toga, una orla de licenciado en Derecho en la pared y un despacho de abogados de esos de sofás de cuero y suelo de parqué.
El bufete Pretus de Barcelona es cliente destacado de Mossack y también estuvo implicado en un caso de blanqueo. Como Francisco Javier del Valle. Ambos son viejos conocidos de los tribunales españoles. Cameron anunció ayer una ley para perseguir a despachos y bancos que ayuden a evadir impuestos, aunque en España hace años comenzó a actuar contra los casos más flagrantes. Todas las fuentes del sector coinciden en que los casos de Feliú y De Miguel, Pretus y Del Valle corrieron como la pólvora entre los despachos de abogados. “Hay mucha gente esperando que prescriban los casos para respirar”, cuenta un abogado.
Otro de los que aparecen como intermediario en una gran cantidad de sociedades es el despacho Roca Asociados. Rafael Roca es un penalista experto en temas fiscales que ha defendido, entre otros, a Gonzalo Prado, acusado de ocultar dinero en el HSBC de Ginebra y cuyo nombre aparecía en la lista Falciani, o a los directivos de Verbatim condenados por fraude fiscal. Roca aparece en un lista de Mossack como intermedirio en 115 sociedades, de las que 22 permanecen activas. Hay empresas en Islas Vírgenes, Samoa, Panamá y Niue. Roca no ha querido hablar para este reportaje. En algunos casos, el trabajo de los abogado puede ser para traer una sociedad en la amnistía fiscal, lo que no les implicaría en ninguna irregularidad.
“Para abrir una sociedad en Panamá, no hay secreto profesional entre abogado y cliente que valga”
A menudo actuaban confiados en que la confidencialidad cliente-abogado se extendía a esos casos, pero eso ya no es así. Nielson Sánchez Stewart, abogado especializado en temas de blanqueo, advierte de que no se aplica en estas situaciones: “El secreto profesional es algo al servicio del cliente, no del abogado. Además, es solo para la defensa jurídica o la asesoría. Pero para abrir una sociedad en Panamá, no hace falta ser abogado. La puede abrir cualquiera, así que ahí no hay secreto profesional que valga”.
En caso de sospechas de blanqueo, los abogados están obligados a denunciar al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac). Sánchez Stewart destaca que no todo el que crea una sociedad en Panamá comete delito fiscal, y da un caso recurrente en el litoral. “Si viene un extranjero de 90 años que se quiere comprar una casa en Marbella, igual le recomendaría que lo hiciera mediante una sociedad en el extranjero”. Los residentes del norte de Europa temen como a la peste el impuesto de sucesiones español. “Lo que hace Mossack Fonseca hay que mirarlo caso a caso”, añade Sánchez Stewart.
El abogado Flores: “Mossack te ofrece la fiducia, la creación de sociedades ‘offshore’ de principio a fin”
Antonio Flores, abogado en Marbella, de Lawbird, especializado en atender a clientes extranjeros, da una visión más descarnada: “Te ofrecen la fiducia, la creación de sociedades ‘offshore’ de principio a fin. Usaban acciones al portador, de forma que nunca sabes de quién es la sociedad”. Flores añade que a menudo se vendían sociedades a clientes que no las necesitaban. “Pagaban entre 1.500 y 4.000 dólares al año a veces para usar una sociedad y comprar una casa en España, pero eso no les reportaba ventajas fiscales. Hemos tenido casos en los que hemos tenido que recuperar esa sociedad”. Señala que a veces los abogados les recomendaban esa operación porque cobraban una comisión.
En la lista de abogados que han trabajado con Mossack hay muchos de la costa. Como Vicente Tur Órtola, un letrado de Benissa (Alicante), que ha creado 13 sociedades con ellos: siete en Panamá y seis en Niue. De ellas, solo queda una activa: Warwick Investments. “En relación con Warwick Investments INC, su actividad es la de tenedora de acciones y promotora, en todo lo relacionado en el sector inmobiliario español”, dice Tur a Mossack en un correo electrónico en abril de 2014.
Por teléfono, Tur Órtola reduce la importancia: “Warwick está inactiva. La creamos para un inglés que venía a comprarse una casa en la costa. La casa la vendió y mantiene la sociedad porque cuesta unos 600 dólares al año, pero le voy a decir que la cierre”. Tur habla franco y directo antes de que estalle el escándalo de los papeles de Panamá: “Mossack Fonseca eran abogados que hacían de todo. No sé cómo les irá. Ha habido un montón de reformas legislativas y eso no da más de sí”. Tur admite que ha trabajado con Mossack.
Un intermediario afirma que Mossack ofrecía servicios a la clase media que ahora solo están al alcance de las empresas multinacionales
En los papeles de Panamá aparecen también menciones a los grandes bufetes españoles, pero se nota que llevan mucho más cuidado. Abogados de Cuatrecasasfiguran como apoderados en una sociedad de Panamá, pero la documentación demuestra que forma parte de una inversión en gimnasios en Colombia por parte de una empresa brasileña. Hay algo tangible detrás, no solo movimiento de impuestos.
En 2004, una enviada de Mossack realizó una ronda por despachos españoles y de cada reunión realizó un pequeño resumen. De una cita con dos socios de Uriasale sin grandes perspectivas de negocio: “Creo que tenemos pocas oportunidades de hacer negocio con ellos”, aunque estos sí tratan con bancos de Andorra y con compañías de Suiza, Reino Unido, Malta, Chipre y Madeira. La misma conclusión saca de una reunión en 2005 con Garrigues.
Dos abogados consultados coinciden en que Mossack Fonseca permitía crear sociedades a la clase media alta, pero que últimamente el negocio estaba de capa caída. La amnistía y las reformas legales habían ido a la base de su negocio. Ahora, señala, eso solo lo pueden hacer grandes multinacionales. Y esas no iban a Mossack.