El juicio contra una organización de ciudadanos británicos, en su mayoría, dedicados a estafas en el sector inmobiliario de la multipropiedad en la Costa del Sol, se ha saldado este lunes en la Audiencia de Málaga con condenas pactadas entre la Fiscalía y las defensas.

Según ha informado a los periodistas el abogado Luis González Ordoñez, vinculado al bufete marbellí Lawbird, que representa a 160 de los 300 afectados británicos, hay 10 personas condenadas de los 18 acusados inicialmente, ya que siete de ellos están “en rebeldía” y otro falleció.

Seis de los encausados han sido condenados por un delito de estafa y a cada uno de ellos se les impone una pena de 2 años de prisión. Sobre los cuatro restante ha recaído una pena de un año de cárcel por un delito de asociación ilícita.

También se han fijado multas en el marco de este pacto. Así, los condenados por estafa deberán abonar un importe de seis euros diarios durante seis meses; mientras que para los condenados por asociación ilícita el importe será de cuatro euros durante doce meses.

La Fiscalía acusaba los procesados de un delito continuado de estafa, por el que pedía para cada uno cuatro años y medio de prisión, y de otro de asociación ilícita, por el que solicitaba, según los casos, dos o tres años de prisión.

Luis González Ordoñez ha recordado la “gran alarma social” que se originó en el Reino Unido cuando los tabloides británicos comenzaron a informar sobre este escándalo inmobiliario, ocurrido en 2001 en la Costa del Sol, principalmente en Fuengirola.

El letrado, que ha llevado el caso junto al también abogado Antonio Flores, se ha mostrado satisfecho con el pacto alcanzado: “Es la primera condena de estas características en España contra las tramas del sector de la multipropiedad”, ha expuesto.

Al ser preguntado sobre el hecho de que ninguno de los condenados ingrese en la cárcel, el letrado de los afectados cree que en Gran Bretaña “el hecho de que estas personas figuren ya con antecedentes penales” supone algo “ejemplarizante”, a pesar del tiempo transcurrido, 10 años, desde que se denunciaron los hechos.

Según las conclusiones provisionales del ministerio público, los acusados, de distintas nacionalidades, habrían creado, con la finalidad de “un enriquecimiento ilícito”, una estructura empresarial que “renovaban periódicamente desvinculándose de las sociedades previas para evitar ser localizados”. De esta forma, desplegaron una modalidad de la conocida estafa de reventa de multipropiedad.

Así, se determina la existencia de varios grupos de acusados y se precisa que esta estructura organizada desde el inicio de su actuación “ha abarcado y dirigido a decenas de personas”, primero dirigida por un británico y su mujer y, posteriormente, por un acusado sudafricano, que ha fallecido. Así, se señala que el grupo actuó con proyección internacional al menos desde el año 2000.

Como tarjeta de presentación, dice la acusación en su escrito inicial, del que informó Europa Press, el grupo utilizaba “un gran número de sociedades, algunas registradas, otras off shores, otras simplemente inexistentes”, que tenían cuentas “temporales que reflejan múltiples transferencias que suma un ingente capital defraudado”. En la organización, cada acusado tenía una función.