El hermano del magistrado estaba vinculado al principal implicado en el fraude
El titular del Juzgado de Instrucción Número 16 de Madrid, José Emilio Coronado Ruz, ha sido recusado por un centenar de afectados por una macroestafa inmobiliaria en Estepona. El despacho de abogados Lawbird, con sede en Marbella, le demandan que abandone el caso, al conocer que el hermano de dicho instructor, Ignacio Coronado Ruz, ha sido “accionista, secretario e incluso presidente del consejo de administración de la sociedad Paraíso Tropical S.A.”. Y es que, resulta sorprendente que el juez instructor no supiera la vinculación de su hermano con los hechos denunciados que comenzó a investigar hace dos años.
La citada mercantil es propiedad de uno de los principales imputados en el caso, Ricardo Miranda, acusado de haberse apoderado de más de 12 millones de euros pagados por los estafados en concepto de depósitos para sus futuras viviendas. Las promociones, que iban a estar ubicadas en Estepona y en República Dominicana, nunca se llevaron a cabo.
Además, el hermano del instructor ha sido también representante de la mercantil inversiones CCF S.A., antiguo cotitular de unos terrenos propiedad de sociedades de Miranda en República Dominicana. Y es que, es sabido que no solo hay afectados por el fraude en Estepona, sino tabién en el citado país caribeño.
A su vez, la sociedad CCF S.A. era copropietaria de los terrenos dominicanos junto a CCF 21 Negocios Inmobiliarios S.A., cuyos dueños son los conocidos empresarios Carlos Sánchez Hernández y Andrés Liétor, ambos juzgados recientemente en el juicio oral del Caso Malaya.
De este modo, el bufete Lawbird solicita además la ampliación de la querella inicial, pidiendo que sean imputados junto a Miranda los empresarios Sánchez y Liétor, además del hermano del magistrado, ya que todos ellos “cobraron de las empresas de Miranda por la venta de sus acciones y transmisión de los terrenos de República Dominicana”. En concreto, Ignacio Coronado se embolsó 100.000 euros a título personal.
Asimismo, cabe recordar que la inmobiliaria Ocean View y Sun Golf Desarrollos Inmobiliarios, cuyo dueño es Ricardo Miranda, promocionaron y vendieron a una gran parte de los querellantes – británicos, irlandeses y norteamericanos, que habían elegido Estepona como un lugar seguro para sus inversiones y también como segunda residencia – viviendas en la localidad en la promoción denominada Estepona & Country Club, que iba a construirse en Arrroyo Vaquero.
Pero lo cierto es que la promotora jamás fue propietaria de dicho terreno, de hecho, ni si quiera el suelo es apto para edificar. Además, la licencia de obra nunca fue solciitada. Tan solo se pidió permiso para la caseta de ventas que, pero fue denegado por el Ayuntamiento de Estepona.
De este modo, “tanto Ocean View como la promotora y Ricardo Miranda”, estando al tanto de lo anterior, se enriquecieron con las ventas sobre plano, desviaron los depósitos a sus empresas en República Dominicana para financiar la compra de terrenos, y continuaron allí el irregular negocio inmobiliario. Por último, los letrados han destacado que para evitar el alcance de semejante engaño, los contratos solo fueron firmados por los compradores, mientras que la promotora se abstuvo de ello.
