La Costa del Sol vuelve a ser escenario de un presunto caso de fraude inmobiliario. Un total de 68 ciudadanos británicos e irlandeses se han querellado contra un promotor español y otros tres agentes inmobiliarios británicos. Les acusan de apropiación indebida y estafa al cobrarles para adquirir viviendas en Estepona que nunca llegaron a construirse.
El número de afectados es muy superior, detalló ayer Antonio Flores, el abogado titular del despacho marbellí Lawbird, que les representa. Actualmente son 120 y, para finales de año, podrían ser 250, según sus cálculos. «Se van poniendo en contacto con nosotros poco a poco», explicó. Por el momento, un total de 90 están personados en la querella que hace apenas dos semanas fue presentada en los juzgados madrileños.
Los 68 mencionados llegaron a pagar en total 4,5 millones de euros, una media de 70.000 euros cada uno, para comprar uno de los 395 inmuebles que el promotor querellado, Ricardo Miranda, anunció edificar en Estepona. Los demás perjudicados hicieron desembolsos similares para adquirir una de las 8.000 viviendas que Miranda construiría en República Dominicana o de las 100 publicitadas en Marruecos.
Promoción «fantasma»
Hace cinco años, los supuestos estafados compraron sobre el plano unidades de una promoción que resultó ser «fantasma», de acuerdo con el propio letrado que lleva el caso. A día de hoy, «no tienen nada, ni promoción, ni dinero y los presuntos responsables aseguran no tener nada que ver con el asunto», añadió.
Los acusados percibieron los depósitos sin llegar a suscribir los contratos de compraventa ni a entregar los avales bancarios, tal como obliga la ley, añadió Flores.
La intencionalidad del promotor no podía ser más sospechosa, en su opinión. De hecho, nunca llegó a ser propietario de los terrenos donde se levantaría la promoción en Estepona. Apenas pagó a su dueño 200.000 euros de los 18 millones comprometidos. El solar, calificado urbanísticamente como suelo rústico, se ubica en Arroyo Vaquero.
Flores cree que parte dinero entregado por los compradores fue utilizado por el promotor para adquirir una parcela en República Dominicana. Un solar que, curiosamente, pertenecía a dos implicados en la operación «Malaya». Uno de ellos, Andrés Liétor, acusado por cohecho.